Chihuahua, Chih., 2 de diciembre de 2025. – El abogado Gabriel Alejandro Vidaña Manjarrez presentó esta mañana una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control (OIC) de la Presidencia Municipal contra Marcelo Murillo Rascón, coordinador jurídico del Ayuntamiento, por presuntamente ostentarse como licenciado en Derecho sin contar con título ni cédula profesional.
Según el documento, Murillo Rascón ha firmado actos jurídicos de fondo en procedimientos disciplinarios contra elementos de la Policía Municipal, entre ellos el auto de radicación del expediente CHJ/48/2025, a pesar de no estar legalmente habilitado para ejercer funciones exclusivas de un abogado titulado.
“Quien no tiene cédula profesional no puede realizar actos que impliquen el ejercicio del Derecho. Todos los documentos que haya firmado son nulos de pleno derecho y pueden generar responsabilidad patrimonial al Municipio”, advirtió Vidaña Manjarrez.
La denuncia plantea posibles faltas administrativas graves:
- Usurpación de funciones
- Abuso de autoridad
- Conflicto de interés
- Y el probable delito de usurpación de profesiones (artículo 273 del Código Penal del Estado)
El denunciante solicitó:
- Revisión inmediata del título y cédula de Murillo Rascón ante la Secretaría de Educación Pública
- Suspensión temporal del cargo mientras dure la investigación
- Vista al Ministerio Público para determinar responsabilidad penal
- Declaratoria de nulidad de todos los actos jurídicos firmados por el funcionario
El policía afectado por el expediente mencionado ya pidió formalmente acceso a su expediente laboral y la verificación de las credenciales del coordinador jurídico.
La denuncia fue recibida en prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento, justo en plena Semana de la Jornada Anticorrupción que promueve el propio Órgano Interno de Control.
Hasta el cierre de esta edición, ni Marcelo Murillo Rascón ni la Presidencia Municipal han emitido posicionamiento oficial sobre el señalamiento.
El caso pone en riesgo decenas de procedimientos disciplinarios en curso y abre la puerta a una cascada de demandas laborales si se comprueba que los actos fueron firmados por una persona no facultada para ello.
El OIC tiene ahora la pelota en su cancha… y la ciudadanía espera que, por una vez, la lucha anticorrupción no se quede solo en carteles y conferencias.